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Un grupo de diputados de diferentes partidos en Alemania, encabezados por la exministra de Agricultura Renate Künast de Los Verdes y la diputada liberal Katrin Henning-Plahr, presentó un proyecto de ley para regular el suicidio asistido mediante un sistema de asesoramiento y asistencia médica.
Künast y Henning-Plahr, junto con sus respectivos grupos de trabajo, fusionaron dos proyectos previos en uno solo, con la intención de ofrecer una alternativa más liberal al presentado por otro grupo liderado por el diputado socialdemócrata Lars Castelucci, que propone una regulación más restrictiva.
Ambos proyectos podrían ser sometidos a votación parlamentaria antes del receso de verano, según los medios de comunicación. Estas propuestas son una respuesta a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en 2020 que puso fin a la prohibición total de la asistencia organizada para poner fin a la vida, considerando que esta prohibición violaba un derecho fundamental: el derecho a morir con libertad.
«La claridad de la sentencia del Tribunal Constitucional nos sorprendió, incluso a aquellos que tenemos una postura liberal sobre el tema», dijo Künast durante la presentación del proyecto de ley de su grupo ante la prensa. En el proyecto también participan diputados del Partido Socialdemócrata (SPD), del Partido Liberal (FDP) y de La Izquierda.
El Tribunal Constitucional determinó que existe un derecho a morir con libertad, lo que implica también el derecho a recibir ayuda. La prohibición existente, que se estableció para evitar que organizaciones con fines de lucro alentaran a las personas a quitarse la vida, dificultaba prácticamente el acceso a dicha ayuda.
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«La decisión individual de poner fin a la vida de acuerdo con su propia comprensión de calidad y sentido de la existencia es, en principio, un acto de autonomía libre que debe ser respetado por el Estado y la sociedad», cita Künast la sentencia del Tribunal Constitucional durante la presentación.
Según el proyecto de ley, los servicios de asesoramiento deberán verificar que la voluntad de una persona de suicidarse sea firme, que no sea una respuesta a circunstancias temporales y que se trate de una decisión libre de una persona mayor de edad.
Las personas que hayan pasado por los servicios de asesoramiento deberán tener acceso a medicamentos que pongan fin a su vida. En casos extremos de personas con enfermedades graves y síntomas dolorosos, un médico podrá proporcionar los medicamentos prescindiendo de los servicios de asesoramiento.
