Samuel García y su familia se ampara contra cualquier detención

En un caso que ha generado amplia atención mediática, un juez de distrito ha otorgado una suspensión provisional al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, así como a sus familiares, contra cualquier orden de aprehensión o presentación emitida en su contra.

Esta medida cautelar ha sido concedida en respuesta a la demanda de garantías presentada por el mandatario estatal de Nuevo León el pasado 14 de septiembre, en la cual argumenta que está siendo objeto de una persecución política.

García Sepúlveda sostiene que se están utilizando indebidamente las instituciones judiciales de Nuevo León y de la Fiscalía General de la República (FGR) para imputarle delitos que no ha cometido, con el objetivo de apartarlo de la vida política tanto a nivel nacional como en el estado de Nuevo León.

El juez Juan Fernando Alvarado López, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas, concedió esta suspensión provisional basándose en el argumento de que el gobernador cuenta con fuero, lo que impide proceder penalmente en su contra en este momento.

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La suspensión se aplica para evitar que las autoridades soliciten una audiencia inicial y, en casos en los que ya se haya celebrado una audiencia, el juez de la causa deberá suspender la carpeta judicial.

Además, se garantizará el derecho de audiencia y una defensa adecuada, así como el acceso a las carpetas de investigación para que García Sepúlveda pueda revisar la documentación relacionada con las indagatorias en su contra.

El juez Alvarado López destacó la posibilidad de que las acusaciones de Samuel García se relacionen con lo que la doctrina moderna ha denominado «Lawfare», un fenómeno en el cual las instituciones judiciales del Estado se utilizan con fines políticos, empleando procedimientos aparentemente legales, pero con un trasfondo político.

Este concepto se ha identificado como el uso perverso del derecho y, hasta el momento, no existe un criterio jurisprudencial definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ni por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre cómo abordar estos casos en el contexto del juicio de amparo.

En el fenómeno del «Lawfare», diversos operadores judiciales, como jueces y fiscales, pueden participar de manera consciente o inconsciente, e incluso en algunos casos de forma dolosa.

Por lo tanto, es fundamental examinar la actuación de estos operadores para determinar si llevaron a cabo su trabajo de manera profesional, objetiva e imparcial.