COMUNICACIÓN DEL CARIBE 
La decisión afecta a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos en EE.UU., dejando a miles en riesgo de deportación tras la revocación del ‘parole’ humanitario.
El 24 de abril de 2025, una fecha que quedará marcada en la memoria de miles, María, una joven venezolana, despertó con una sensación de incertidumbre que la acompañaba desde hacía semanas. La administración del presidente Donald Trump había anunciado la revocación del estatus legal temporal de 530,000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, una medida que cambiaría radicalmente la vida de personas como María.
El origen del ‘parole’ humanitario
Durante el mandato del presidente Joe Biden, se implementó el ‘parole‘ humanitario, un programa que permitía a ciudadanos de estos cuatro países ingresar y residir legalmente en Estados Unidos por un periodo de dos años, siempre que contaran con un patrocinador en el país. Esta iniciativa buscaba ofrecer una alternativa legal y segura a quienes huían de situaciones críticas en sus naciones de origen.
La revocación y sus implicaciones
La decisión de la administración Trump de revocar este estatus legal ha generado una ola de preocupación y temor entre los beneficiarios del programa. A partir del 24 de abril, aquellos que no hayan encontrado otra vía legal para regularizar su situación podrían enfrentarse a procesos de deportación. La medida afecta a miles de familias que, como María, habían encontrado en Estados Unidos una esperanza y un nuevo comienzo.
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Historias de quienes enfrentan la incertidumbre
María llegó a Estados Unidos en 2023, escapando de la crisis económica y social de Venezuela. Gracias al ‘parole’ humanitario, pudo establecerse en Miami, encontrar un empleo y comenzar a reconstruir su vida. “Este país me dio la oportunidad de soñar de nuevo”, comenta con lágrimas en los ojos. Sin embargo, la reciente noticia ha dejado su futuro en el aire. “No sé qué voy a hacer si me obligan a regresar. Allá no tengo nada ni a nadie”, añade.
Similar es el caso de Luis, un joven nicaragüense que llegó en 2022 huyendo de la persecución política. “Pensé que aquí podría vivir libre y sin miedo. Ahora siento que todo se desmorona”, expresa con preocupación.
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Reacciones y críticas a la medida
Diversas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han alzado la voz en contra de la decisión. María José Espinosa, experta en política exterior, señala que “la migración no es un problema a contener, sino una realidad que debe ser gestionada”. Ella aboga por políticas que promuevan la migración legal y la cooperación internacional para abordar las causas raíz de estos desplazamientos.
El futuro de los afectados
Ante este panorama, los beneficiarios del ‘parole’ humanitario buscan alternativas para regularizar su estatus migratorio. Algunos exploran la posibilidad de solicitar asilo político, mientras que otros consideran acogerse a programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS). No obstante, la incertidumbre y el miedo a ser deportados persisten.
La revocación del estatus legal de 530,000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela representa un desafío humanitario y político de gran envergadura. Mientras miles de familias enfrentan un futuro incierto, la sociedad estadounidense se encuentra en una encrucijada sobre cómo abordar la compleja realidad de la migración en el siglo XXI.
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