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En el Congreso de Quintana Roo está siendo analizada una iniciativa de reforma que busca penalizar todo acto que vulnere o vaya en contra del libre desarrollo de la personalidad, la orientación sexual, de la identidad o expresión de género, principalmente las terapias de conversión.
Esta propuesta presentada por la diputada morenista María Fernanda Cruz Sánchez, tiene como propósito enmendar el artículo 195 octies del Código Penal del Estado para establecer un nuevo capítulo que tipifique las terapias de conversión como un delito sujeto a sanciones de hasta seis años de prisión en la entidad.
Las terapias de conversión engloban prácticas, tratamientos o cualquier servicio que busque modificar, reprimir, reorientar, restringir, anular, suprimir o cambiar la orientación sexual o la identidad de una persona.
“Las terapias de conversión producen profundos daños físicos y psicológicos en las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o de género diverso de todas las edades, en todas las regiones del mundo. Las poblaciones LGBTTTQIA+ son más propensas a las ideas e ideación suicida, las cuales en la mayoría de los casos es motivada por la segregación y discriminación por su orientación sexual o expresión e identidad de género”, argumentó la diputada.
Actualmente, la iniciativa continúa su análisis y evaluación en la Comisión de Justicia, presidida por el diputado Hugo Alday Nieto, quien aseguró se trata de una reforma de gran relevancia para garantizar los derechos de la comunidad LGBTTTQIA+.
“Es un tema trascendental en alguna medida para el estado de Quintana Roo, estamos revisando una iniciativa que se encuentra sustentada en tratados internacionales y que en México también se encuentre obligado a atender. Considero que con acciones como estas, es evidente que la cuarta transformación está a favor de la comunidad lgbt que tras varias décadas han enfrentado violencias y estás terapias han contribuido a que las violaciones sean sobre sus derechos humanos”.
Como parte del proceso final para su análisis, el diputado presidente citó a la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Tribunal del Estado con el propósito de recibir su postura y opiniones al respecto de la iniciativa.
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“Yo considero necesaria la participación directa de quienes van a aplicar el Código Penal o asuntos en tribunales a efecto de que participen de viva voz y opiniones al respecto de la misma”.
De ser probada por todas las partes involucradas en la participación para garantizar estos derechos, se establecería sentencia a prisión de dos a seis años y una multa de mil a dos mil UMAS. Esta sentencia se aumentará al doble en los casos en donde se realizan contra de menores de 18 años, personas con discapacidad, no cuente con la capacidad de entender el hecho o exista un vínculo familiar.
