Colectivos de 10 estados denunciaron que la impunidad en feminicidios persiste por negligencia institucional, omisiones judiciales y falta de resultados.
El eco de los pasos resonó en las plazas de Morelos, Oaxaca, Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo y otros estados donde miles de mujeres salieron a las calles para gritar lo que el país ya no puede seguir ignorando: la impunidad en feminicidios. Cada pancarta, cada fotografía de una mujer desaparecida, cada nombre leído en voz alta formó parte de una jornada que no solo recuerda el 25N, sino que exhibe la herida abierta que México no ha logrado cerrar. Desde temprano, madres buscadoras, estudiantes, activistas y colectivas feministas organizaron movilizaciones simultáneas en diez estados. Para muchas de ellas, la protesta no comenzó ayer: lleva años gestándose entre expedientes inconclusos, carpetas estancadas y autoridades que prometen justicia pero no la cumplen.
Un dolor compartido que desbordó las calles
La jornada inició con Morelos como uno de los epicentros. Allí, colectivos recordaron que la entidad sigue entre los primeros lugares nacionales en feminicidios. Denunciaron que la inacción del gobierno estatal y la falta de coordinación entre dependencias impiden cualquier avance real. Entre las manifestantes se escuchaban testimonios de madres que llevan años buscando a sus hijas, enfrentando la burocracia que erosiona la esperanza. En Oaxaca, el reclamo fue todavía más crudo. Activistas acusaron al gobierno estatal de corrupción, simulación e indiferencia ante lo que califican como una emergencia de violencia contra las mujeres. Las cifras respaldan su enojo: 280 feminicidios y más de mil mujeres desaparecidas en lo que va de la actual administración. Una participante lo resumió con una frase: “Aquí no nos matan solo los agresores; nos mata también la omisión del Estado”. A mitad de la historia de estas protestas, el mensaje coincidía en un punto clave: la impunidad en feminicidios es el hilo que une todas las denuncias. Cada estado tiene su propia tragedia, pero la raíz del problema —la negligencia institucional— es prácticamente idéntica en todo el país.
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