Van con más medidas contra delitos bancarios en Quintana Roo

El Congreso del Estado recibió una propuesta de reforma al Código Penal con la cual se busca modificar los criterios para que se pueda iniciar un proceso legal en contra del delito de amenaza en el estado y con ello establecer sanciones justas.

La propuesta impulsada por la diputada morenista Guillermina Flores, tiene como objetivo homologar la regulación vigente en Quintana Roo con la ya aprobada a nivel federal, pues ya se encuentra obsoleta y su redacción no garantiza la seguridad de las víctimas. 

«Nuestro Código Penal es incompatible a lo regulado a nivel federal, pues establece que la amenaza se tenga que llevar a cabo dos o más veces. Mientras que a nivel federal, basta que la víctima sufra amenaza una sola vez, para que el hecho sea investigado por un agente del ministerio público federal y sancionado por los órganos jurisdiccionales federales”, expresó

La propuesta legislativa va enfocada en ese sentido, modificar la redacción del Código Penal a fin de que la amenaza reiterativa sea un requisito para iniciar con las investigaciones, sino que sea de forma inmediata. 

De acuerdo con la diputada, el delito de amenaza representa un serio problema social que atenta en contra del bienestar y la tranquilidad de la ciudadanía que al ser víctima de este delito puede ser manipulada por el mismo agresor.

“En la actualidad, las personas se ven expuestas mediante el uso de tecnologías, a que su vida privada pueda ser vulnerada por otras personas y mediante amenazas, ejerce presión para que realice una conducta en contra de su voluntad, o en su caso, expondrá su vida privada en redes sociales, la importancia de garantizar como legisladores el honor de las personas como bien jurídico tutelado para evitar las amenazas en una moneda de cambio por los delincuentes a sus víctimas”.

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Actualmente la pena para personas que cometen el delito de amenaza en el estado es hasta un año de cárcel. Sin embargo, como parte de las modificaciones se incrementarán las penas hasta cinco años, si las víctimas de la amenaza son testigos o forman parte de una investigación de violencia.

Es decir, en el caso de que una mujer sea golpeada por su pareja y se inicie un proceso jurídico, si el esposo amenaza a la mujer en algún momento de dicho proceso, además de las penas por las agresiones, también se podrán incrementar cinco años a su sanción.

“Las modificaciones también incorporan a la persona que por medio de las amenazas de cualquier género, impida que la persona amenazada realice conductas que tenga que realizar de manera cotidiana en su vida, personal, laboral o familiar. Lo que se busca es  otorgar paz y tranquilidad a las personas, ya que todos tenemos derecho a sentirnos seguros”.