Al ser Quintana Roo un estado eminentemente turístico, es uno de los primeros a nivel nacional en índices de turismo sexual infantil, por lo que la XVII Legislatura aprobó en la sesión número 19 del 9 de abril en la noche, reformas al Código Penal del estado para endurecer el castigo a este tipo de delitos y fortalecer la protección a la niñez y adolescencia, así como realizar acciones para prevenirlos.
Así lo expresó la diputada Maritza Basurto Basurto, al defender la iniciativa de reforma en la tribuna legislativa de la sesión en la que se avaló una reforma al artículo 192 quater del Código Penal para el Estado, donde se incorpora el “recibimiento de un pago” como una causalidad más para la tipificación del delito de turismo sexual infantil.
También se adiciona la sanción para cuando el sujeto activo fuese un familiar o tuviere la patria potestad, guarda o custodia del menor de edad en “hasta una mitad más de la establecida”.
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Además, se incluye un supuesto del tipo penal para cuando quien cometa el delito fuera una persona servidora pública para sancionarla con la inhabilitación para el desempeño de su cargo por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
“Hay que dejar de temer a la proporcionalidad para castigar el turismo sexual infantil; con los niños no, no y no” afirmó contundente por su parte, el diputado Guillermo Brahms González, quien mandó un mensaje directo:
“Depredadores, a Quintana Roo no se viene a delinquir”, advirtió.
En la misma sesión se aprobó una reforma al Código Penal para establecer un supuesto de agravante para los delitos de violación, abuso sexual y robo, cuando el sujeto activo suministre de sustancias que favorezcan la indefensión, alteración del estado de ánimo o conciencia de la víctima, conocida como la sumisión química.
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Aparte, se dio entrada a una iniciativa presentada por la titular del Poder Ejecutivo para adicionar los párrafos quinto y sexto al artículo 13 y recorrer en el orden los subsecuentes de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
La propuesta busca garantizar la implementación de medidas permanentes tendientes a combatir y eliminar la desigualdad social y económica en razón de género.
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